La resolución del juez 15 de distrito en materia penal, Arnulfo Castillo, "desobedece en todo lo resuelto por su superior jerárquico del Segundo Tribunal Unitario Penal, José Angel Máttar Oliva", sostuvo la Femospp en un comunicado.

"Nadie puede ignorar ni erradicar de nuestra memoria colectiva que un presidente de la República acusado de genocidio fue aprehendido y que permaneció en dicha institución, hasta que el día de ayer, el pasado sanguinario y corrupto volvió por sus fueros", señala el comunicado.

El 30 de junio, el magistrado Máttar Oliva estableció que en el expediente de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 había elementos para configurar el delito de genocidio, así como para presumir la responsabilidad penal del ex mandatario, por lo que ordenó su detención.

Ese mismo día, el ex mandatario quedó bajo arresto domiciliario en su residencia del Pedregal, donde el miércoles pasado rindió por escrito su declaración preparatoria, en la que se declaró inocente de la matanza de Tlatelolco y aseguró que, de tener alguna responsabilidad, la acción penal ya había prescrito.

Este último argumento fue precisamente el que sirvió de base, el pasado sábado, al auto de libertad del juez Castillo, quien atendió los cálculos de la defensa de Echeverría sobre los plazos de prescripción y no los de la Femospp.

De acuerdo con la Fiscalía, desde la matanza del 2 de octubre Echeverría gozó de inmunidad constitucional durante ocho años, como secretario de Gobernación de 1968 a 1970 y como presidente de la República de 1970 a 1976.

La defensa argumentó, sin embargo, que la prescripción empezó a correr cuando Echeverría renunció a su cargo como secretario de Gobernación, el 10 de noviembre de 1969, para iniciar su campaña como candidato a la Presidencia, cargo que asumió el 1 de diciembre de 1970, es decir, un año y 20 días en el que no tuvo inmunidad.

Tomando en cuenta el plazo de 30 años que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la prescripción de la acción penal, esta venció el 10 de noviembre de 2005, y así lo estableció el juez Castillo en su resolución.

En su comunicado, la Femospp sostiene que en el periodo invocado por la defensa y retomado por el juez "se estaban realizando actuaciones en investigación del delito y del delincuente, lo que también impidió que corriera el plazo de prescripción.

"En todo caso, en los hechos, el candidato presidencial gozaba de inmunidad", afirma.

También manifiesta su extrañeza por el hecho de que, aparentemente, el abogado de Echeverría, Juan Velázquez, parece haber conocido, desde el día de la detención, el contenido de esta resolución, "que se suma al conjunto de medidas legislativas y judiciales que han venido instrumentándose para impedir dolosamente el procesamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad".

Advierte que en su momento "daremos cuenta de estas gravísimas anomalías, obedientes a la lógica de los protectores de toda impunidad".

Al conocer el fallo, el titular de la Femospp anunció que interpondría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por la actuación del juez. La apelación deberá ser revisada por un Tribunal Unitario.

Exoneran a Luis de la Barreda

El juez octavo de distrito de Naucalpan, Estado de México, Jorge Dionisio Guzmán González, responsable del juzgado, dictó auto de libertad por prescripción a Luis de la Barreda Moreno ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en el caso del presunto homicidio del ex guerrillero José Ignacio Olivares Torres, ocurrido en Jalisco en 1974.

Con esta resolución, Luis de la Barreda Moreno ha sido exonerado de los seis cargos penales que le fincó desde 2003 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.