Detectan desvíos por 875
millones
Reporta Secodam
que el quebranto se presentó en dependencias federales y
descentralizadas; suman 10 funcionarios sancionados
Julián Sánchez
El Universal.
Domingo 30 de septiembre de 2001
Nación, página 10
A poco más de 875 millones de pesos asciende el quebranto a la
nación derivado de malos manejos en la administración pública
federal, según se desprende de las auditorías realizadas
durante la presente administración por la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), que ha
inhabilitado a 10 funcionarios de alto nivel y sancionado a más
de 5 mil servidores públicos.
De acuerdo con un documento de la dependencia se han presentado un total de 19 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), relacionadas entre otras instancias, la policía Federal Preventiva (PFP), la Secretaría de Turismo (Sectur) y en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En un balance de lo realizado a la fecha, la Secodam precisa que en el ISSSTE es en donde se registra el mayor monto (412 millones de pesos) por irregularidades en tiendas y farmacias de ese instituto.
En Pemex-Refinación se presentó una triangulación de recursos por 179 millones de pesos; en la PFP 114 millones de pesos en la compra de aviones y helicópteros; y en Financiera Nacional Azucarera se detectaron subsidios indebidos por casi 103 millones de pesos.
Por otro lado, en Banrural se detectaron irregularidades por un millón 500 mil pesos por concepto de viáticos y gastos de comedor; en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) gastos no comprobados por 752 mil pesos; en tiendas del IMSS por 259 mil pesos; en Sectur manejo indebido de partidas por 9.8 millones de pesos y en Pronósticos para la Asistencia Pública se descubrieron irregularidades por 55.69 millones de pesos.
Respecto de los 10 funcionarios inhabilitados, la Secretaría de la Contraloría menciona entre ellos a José Luis Viveros Soto, ex secretario particular de Guillermo Funes Rodríguez, ex gerente general de región centro-sur en Banrural y entre las sanciones administrativas más altas está el caso de José Andrés Puente Ávila, ex director Administrativo y Fiduciario de Fina, quien fue inhabilitado por 10 años.
De las 19 denuncias de hechos presentadas por la dependencia, 12 están relacionadas con los casos de la PFP, Sectur, IMSS, Pronósticos y Pronase, y las otras siete con el ISSSTE, Banrural y Cofetel, que fueron presentadas por la Dirección de Asuntos penales y por contralorías internas.
En el documento se detalla que en una primera etapa se realizaron 27 auditorías, de las que se generaron 193 observaciones y 182 se enviaron al Órgano de Control Interno de cada entidad para su desahogo y, en su caso, se inició un procedimiento.
Además se detectaron 11 casos con presunta responsabilidad administrativa, que involucran a recursos por más de 657 millones de pesos y se presentaron seis denuncias con presunta responsabilidad penal, cuyo monto asciende a más de 300 millones de pesos.
Se auditaron los programas financiados con recursos de la federación en Chiapas, turnando a la Contraloría estatal 23 casos de presunta responsabilidad administrativa o pena, por un monto superior a los 174 millones de pesos; se abrieron 244 expedientes de verificación de responsabilidades de funcionarios; y se emitieron 29 resoluciones y 222 notificaciones para desahogo de pruebas dentro del procedimiento administrativo.
En lo que va de la presente
administración también se presentaron seis denuncias de hechos
en las que se evidencia la participación de 59 servidores públicos
involucrados en la probable comisión de delitos.