Ricardo Ravelo
El exsecretario de la Contraloría Arsenio Farell Cubillas, exdirectores y altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aparecen involucrados en demandas penales por irregularidades en el proceso de licitación de una millonaria obra en la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que fue autorizada en 1996 por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF).Entre otras irregularidades, se les acusa de incurrir en presuntos actos de corrupción, mediante licitaciones amañadas, contratos alterados y obras asignadas sin concurso durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que habrían ocasionado un fuerte daño patrimonial a la paraestatal. A Farell se le acusa de encubrir las irregularidades.
Luego de haber recibido nueve denuncias —apoyadas en documentos y pruebas sobre los vicios detectados en la CFE— del diputado de Convergencia por la Democracia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, la PGR abrió investigaciones contra 23 personas, entre exfuncionarios y contratistas.
Farell Cubillas, en su declaración ante la PGR, aceptó que halló irregularidades en la CFE y dijo que por ello suspendió a algunos funcionarios, pero que no encontró elementos delictivos para proceder penalmente.
También se investiga a Rogelio Gasca Neri y Guillermo Guerrero Villalobos, exdirectores de la CFE, y a Eric Roberto Butcher Martínez, exsubdirector de Proyectos de Inversión Financiada, a quien se le atribuye la asignación de una obra de casi 68 millones de dólares sin licitación. Fue inhabilitado 10 años por la Secodam para ocupar cargos en el servicio público, junto con cuatro de sus colaboradores cercanos, quienes resultaron responsables de fallas administrativas.
Hombre cercano a Guerrero Villalobos y a Gasca Neri, Butcher Martínez actualmente está prófugo de la justicia, pero sigue bajo investigación: contra él y otros funcionarios, la CFE interpuso varias denuncias penales ante la PGR, tras detectar irregularidades en el manejo de otras obras que no habrían sido licitadas.
Algunos ejemplos:
—El 3 de mayo de 2000, la PGR integró la averiguación 509/RO/2000 contra los funcionarios Julio Ruiz Guerrero, Jaime Arau Chavarría, Isidro Becerril Salinas "o quien resulte responsable" del delito de ejercicio indebido del servicio público. La causa: infringieron la normatividad en el contrato de obra 951037, al autorizar pagos anticipados de suministro de equipos.
—El 26 de mayo del año pasado, la PGR integró la averiguación previa 590/RS/2000 contra los exfuncionarios Isidro Becerril Salinas, Héctor Sierra García, Julio Ruiz Guerrero y quien resulte responsable por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Según se desprende de la investigación, con su actuar distrajeron de su objeto equipos y materiales de la CFE por 16 millones de pesos, pese a que el contrato 951047 no autorizaba otorgarlos en préstamo a la empresa Grupo Apycsa.
—El 29 de mayo de 2000, se integró la averiguación 589/RO/2000 contra Butcher Martínez, radicada en la subdelegación Zona Oriente de la PGR, en la que se implica a los exfuncionarios de la CFE José Moreno Derbez, Julio Ruiz Guerrero "o quien resulte responsable", por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Según la denuncia, estas personas infringieron la normatividad en el contrato de obra 951046, al autorizar el pago de una preestimación por suministro de materiales al contratista Techint, al no haber aplicado un sobreprecio y no efectuarse el descuento ofrecido por el adjudicatario, todo lo cual asciende a 4.5 millones de pesos.
A éstas se suman, además, las nueve denuncias que interpuso ante la PGR Cuauhtémoc Velasco, las cuales están siendo desahogadas.
Al reforzar sus denuncias con más pruebas documentales, la PGR abrió nuevas líneas de investigación contra la CFE, las cuales alcanzaron al propio Farell Cubillas y a los exdirectores Guillermo Guerrero Villalobos y Rogelio Gasca Neri.
Velasco documenta los vicios e irregularidades del proyecto Petacalco. En 1993, la CFE lanzó la licitación LI-507/93 para construir una terminal o planta de recibo y manejo de carbón en la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada entre Michoacán y Guerrero. Adicionalmente, se construiría un sistema para el manejo y disposición de cenizas.
Mediante esta obra, compuesta por un muelle, dos descargadores, transportadores y máquinas apiladoras y recuperadoras de carbón, la CFE buscaba que la termoeléctrica, que quemaba combustóleo, consumiera carbón y se ahorrarían 85 millones de dólares.
En el concurso participaron seis empresas. Por no cumplir con las bases de la licitación, la CFE descalificó a tres, entre ellas a Techint, pues su propuesta técnica marcaba una capacidad para mover mil 800 toneladas de carbón por hora, pero la CFE pedía 2 mil 200. Techint —propiedad de la familia Roca, de origen italiano, propietaria de Tubos de Acero de México (Tamsa)— se asoció con el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) de Jorge Eduardo Ballesteros Franco, beneficiado en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo con las autopistas concesionadas.
GMD fue rescatado por el gobierno zedillista, junto con otros consorcios: recibió una "indemnización" de 723 millones de dólares, en el marco de una compra especial de cartera que hizo la Secretaría de Hacienda a Serfin (Proceso 1149).
Se le pregunta a Leandro Zamora, asesor del diputado Cuauhtémoc Velasco, cómo explica la alianza de Techint con GMD. Responde: "Es muy sencillo: necesitaban un grupo empresarial con suficiente peso político para abrir puertas en la Comisión Federal de Electricidad".
Zamora señala que la descalificación técnica de Techint consta en los reportes técnicos de la CFE, fechados los días 4, 15 y 28 de abril de 1994.
Otro motivo que influyó en la descalificación de Techint, según la denuncia de Velasco Oliva, fue que no presentó un operador, lo que mostró que no contaba con "experiencia técnica" para realizar el trabajo.
Sin embargo, de acuerdo con las denuncias penales, Guillermo Guerrero Villalobos, entonces director de la CFE, permitió que Techint, mediante su representante Roberto Altamura Rosas, realizara aclaraciones técnicas, violando las bases de la licitación.
Interpuesta ante la PGR en octubre del año pasado, la denuncia documenta que el 22 de abril de 1994 se reunieron los funcionarios de la CFE Fernando Favela L., Miguel Ramírez Gutiérrez, José de Jesús Castellanos Román con representantes de Techint, "con la finalidad de enderezar la propuesta de esta última y así estar en condiciones de adjudicarle el contrato de licitación".
Finalmente, Luis García Ramos, gerente de Abastecimientos, adjudicó el contrato a Techint, "sin asegurarse las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad". El contrato fue suscrito por Eric Roberto Butcher Martínez, director de Proyectos de Inversión Financiada, Francisco Treviño Moreno y Francisco José Moreno Derbez, gerente jurídico y jefe de la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, respectivamente. El costo de la obra: 223 millones de dólares.
La compañía que ganó el segundo lugar, Babcock & Wilcox —cotizó la obra en 289 millones de dólares—, impugnó el fallo y presentó un recurso de inconformidad ante la Secodam.
Entre revisiones, auditorías de la Secodam y empresas privadas, y el peso de la crisis de 1994, el proyecto se estancó dos años. La Secodam concluyó que no había irregularidades, aunque antes las había reconocido, según dice Velasco Oliva.
El 27 de febrero de 1996, la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF) —integrada por los secretarios de Hacienda y de Energía, entre otros— autorizó la construcción de la terminal de recibo y manejo de carbón bajo la modalidad extrapresupuestal. La obra fue asignada a Techint a un costo mayor: 308.9 millones de dólares.
La CFE justifica las razones del incremento del costo: argumenta que, durante el lapso de revisión, impactó el efecto inflacionario, aumentaron los intereses durante la construcción, hubo gastos en la contratación de un arbitraje técnico independiente y se creó un fondo económico especial para enfrentar eventuales adiciones.
Techint estableció cláusulas para garantizar el pago de la obra, "pase lo que pase" y "en fecha cierta".
El Sistema para el Manejo y Disposición de Cenizas también es motivo de fuertes controversias y demandas penales, pues resultó beneficiada la misma empresa: Techint.
Bajo argumentos "amañados", la CFE solicitó a la Secretaría de Hacienda que el proyecto, cuyo costo alcanzó los 68 millones de dólares, fuera incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998.
Pero al no obtener la anuencia, funcionarios de CFE, entre ellos Eric Butcher, decidieron aplicar el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Así, se amplió en 15% el contrato de servicios con Techint. La propuesta fue autorizada por la Junta de Gobierno de la CFE.
Sin embargo, el 20 de enero último, la CIGF rechazó la petición de CFE para regularizar el proyecto.
Tras realizar una auditoría al proceso de licitación, la Secodam determinó que la firma directa de la obra no causó daño patrimonial a la CFE, pero sí detectó serias irregularidades administrativas. Por ello, fue inhabilitado por 10 años Butcher Martínez, pues se le comprobó que asignó sin la autorización de la CIGF y a pesar de que el monto excedía 15% del contrato original.
De igual forma, fueron cesados durante un año Víctor Manuel López González, subdirector de Administración y Finanzas; Francisco Javier Treviño Moreno, gerente de Asuntos Jurídicos; Francisco José Moreno Derbez, jefe de la Unidad de Contratación y Precios Unitarios.
Según datos de la CFE, la obra tiene retrasos: de seis turbinas, sólo una funciona. El arranque de la terminal se estima para finales de 2002.
Techint enfrenta denuncias por incumplir otros proyectos en la CFE. Es el caso de la licitación SDC-1-CPTT-02/95 para el diseño, equipamiento y construcción de cinco subestaciones de transformación y cuatro líneas de transmisión. En esta obra, se asoció con Tribasa, de los hermanos Peñalosa.
Por incurrir en fallas derivadas del contrato 951046, otorgado por CFE, Techint enfrenta otra demanda junto con el grupo Siemens, por el diseño, equipamiento y construcción de 12 subestaciones. Según Leandro Zamora, el contrato fue otorgado tardíamente, lo cual derivó en un atraso en la entrega de la obra.
En el proyecto de construcción de ocho subestaciones de potencia y 18 alimentadores, obra que se realiza en varios estados del país, Techint se confrontó con CFE. Según explica Zamora, Alfredo Elías Ayub, director de CFE, otorgó un pago de 24 millones de dólares, pero la obra tiene problemas: Techint exige un incremento en el costo y la controversia ha retrasado la entrega. El caso fue ventilado el 19 de septiembre de 2000 en sesión del Comité Central de la paraestatal.
Gabriel Regino García, abogado del diputado Cuauhtémoc Velasco, considera que existen elementos suficientes para que los funcionarios denunciados sean consignados por varios delitos, entre ellos el de ejercicio indebido del servicio público, pues causaron un daño patrimonial.
Explica que resultó evidente que el secretario de la Contraloría, Arsenio Farell Cubillas, no quiso actuar contra ese grupo de servidores públicos, algunos de los cuales sólo fueron sancionados administrativamente, "cuando lo que debió hacer fue interponer las denuncias penales correspondientes".
Resume lo que dijo Farell Cubillas en la PGR:
"Declaró que en todo momento atendió las quejas del diputado Cuauhtémoc Velasco, que se dio seguimiento al procedimiento administrativo y que los hechos no fueron expuestos ante el Ministerio Público porque no había delito y que, en todo caso, esa tarea era responsabilidad del área jurídica de la Secodam."
—¿Tiene razón Farell?
—No. El que una persona haya sido sancionada administrativamente, como en este caso, significa que existen elementos para fincar responsabilidad penal. Nos extraña que la Secodam no haya actuado legalmente.
Señala que las denuncias penales, interpuestas ante la PGR durante la administración de Jorge Madrazo, prácticamente fueron archivadas. Además, el fiscal especial de servidores públicos de la PGR, José Martín Godoy Castro, había resuelto, sin hacer una diligencia, que no había elementos constitutivos de delitos y archivó las denuncias.
Regino García remata:
"Esto es absurdo, lejos de atender las demandas y darles curso, este funcionario prácticamente se convirtió en defensor de los acusados. Hemos tenido muchos problemas con él, incluso en la actualidad."
Continuar viendo los documentos donde se menciona a Alfredo Elías Ayub