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Faude en la CFE
Farell bajo sospecha
por Norma Jiménez
y Luis Carriles
La limpia que está emprendiendo el gobierno de Vicente Fox podría llegar a tocar a figuras prominentes del sistema. Las investigaciones sobre fraudes en la Comisión Federal de Electricidad -que involucrarían 71 millones de dólares- están tejiendo un círculo que tiene como centro a Arsenio Farell, ex secretario de la Contraloría de la Federación, a funcionarios de la propia Comisión y a la empresa argentina Techint.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) detectó diversas irregularidades que sumarían unos 71 millones de dólares. En ellas están implicados el ex secretario de la Contraloría, Arsenio Farell, quien las habría solapado, la empresa constructora Techint, además de ex directores y otros ex funcionarios de la paraestatal.
Más aún, en cuatro denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), tres de la propia CFE en mayo del año pasado y una más por el diputado Cuauhtémoc Velasco, se contabiliza un presunto desvío de 22 millones 377 mil 326.34 pesos, 68.3 millones de dólares y 163 mil 278.98 marcos alemanes.
De acuerdo con las denuncias presentadas por la CFE ante la PGR, el ex secretario de la Contraloría no llegó al fondo de las investigaciones, ni cumplió plenamente su responsabilidad.
Los casos de Julio Ruiz Guerrero y Isidro Becerril Salinas, ambos responsables del área de Transmisión de la CFE, son un claro ejemplo. Inicialmente fueron inhabilitados por Farell, y al no estar sustentados sus casos, ganaron un juicio en los tribunales federales para ser restituidos en sus cargos.
Otro de los casos que refleja las irregularidades son las denuncias penales en contra de Eric Butcher, subdirector de Construcción de la CFE, y de Francisco José Moreno Derbez, jefe de la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, quienes estuvieron involucrados en los proyectos del contrato de servicios de la terminal de manejo de carbón para la central termoeléctrica en Petacalco, Guerrero, y en el Proyecto Sonora, para el diseño, equipamiento y construcción de obras de transmisión, cuya licitación fue ganada por el consorcio Techint/Siemens, formado por ambas empresas.
En el caso de Petacalco, Farell determinó, al concluir su investigación en octubre de 1999, que cinco funcionarios de mandos medios e inferiores de la CFE habían incurrido en irregularidades administrativas. Aunque sancionados e inhabilitados, aseguró que no había elementos para denunciarlos ante la PGR.
Siete meses después, el 28 de mayo del 2000, la CFE presentó una nueva denuncia penal en contra de dos de los cinco funcionarios y contra quienes resulten responsables. Eric Butcher y Francisco Moreno Derbez fueron sancionados administrativamente por la Secodam.
Hasta la fecha, el Ministerio Público Federal no los ha consignado ante un juzgado federal, pero las pesquisas continúan, en tanto Butcher vive en Inglaterra y pretende conseguir la nacionalidad británica, heredada por su padre.
Farell determinó en 1999 que Butcher, ex subdirector de Construcción y Proyectos de Inversión Financiada fuera inhabilitado por diez años para desempeñar cualquier cargo en la administración pública. Se le comprobó la autorización de condiciones que contravenían los lineamientos establecidos en las bases de licitación de dos contratos, los números 968001 y 968001-F, informó la Contraloría en ese año.
Sin embargo, según las carátulas del proyecto de la terminal de manejo de carbón de la central Petacalco, el contrato base es el 968001-F y hay un convenio ampliatorio del contrato que está marcado como el 968001, es decir, es el mismo proyecto, pero uno referido a la terminal, y otro, el convenio de ampliación, al sistema de manejo de cenizas.
Según el dictamen final de la investigación de Farell, Butcher presentó información parcial y diferente de los hechos a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento; adjudicó sin concurso servicios de asesoría legal, así como trabajos de ampliación de obra sin contar con la autorización correspondiente y autorizó trabajos extraordinarios que costaron a la paraestatal 68 millones 347 mil 610 dólares, cantidad superior en 15 por ciento al contrato original.
Para Farell, las conclusiones de su investigación no fueron suficientes para presentar una denuncia formal ante la PGR contra los ex directivos de la CFE. Sin embargo, la paraestatal sí lo hizo, porque detectó las irregularidades.
Desde enero de 1997 los contralores internos de la administración pública federal fueron nombrados por Farell a quien le reportaban directamente de su gestión, lo que incluye el manejo del erario y las irregularidades detectadas, entre otros temas. Esto, después de un acuerdo aprobado por el Senado de la República.
A pesar de la magnitud del pago hecho, más de 68 millones de dólares por el sistema de manejo de cenizas de la terminal de carbón de Petacalco, los funcionarios Víctor Manuel López González, ex subdirector de Administración y Finanzas, y Francisco Javier Treviño, ex gerente de Asuntos Jurídicos fueron inhabilitados por un año; Emilio Reyes Lagunes por tres años, y a Francisco José Moreno Derbez, se le impuso una sanción de 45 días.
López González y Treviño autorizaron la formalización de los contratos en condiciones que contravenían lo establecido en las bases de licitación; mientras que Moreno Derbez avaló fórmulas de ajuste de costos diferentes a las fijadas en las bases.
Otras denuncias
La CFE denunció penalmente a Butcher Martínez y a Moreno Derbez ante la PGR, el 28 de mayo del 2000, por el Proyecto Sonora, contrato número 951046, que incluía el diseño, equipamiento, construcción, puesta en servicio y arrendamiento firme de obras de transmisión.
La CFE los acusó de haber incumplido con lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, vigente al momento de su formalización, ya que transcurrido el tiempo legalmente establecido, que es de 30 días, los funcionarios firmaron un nuevo contrato con el consorcio Techint/Siemens incrementando el costo de la obra.
Entre las irregularidades que denunció la CFE ante la PGR se encuentra el hecho de que se establecieron precios mayores en el contrato, en desapego a las fórmulas de ajuste de precios estipuladas en las bases de licitación, ocasionando un sobrecosto en el mismo, lo que causó un detrimento patrimonial a la CFE.
También omitieron establecer en ese contrato el descuento de 2 por ciento sobre la oferta total del consorcio contratista, formado por Techint/Siemens, comprometido en su propuesta económica razón por la que se le adjudicó el contrato, de lo cual tenía conocimiento el ex director de la CFE, Rogelio Gasca Neri.
"Lo anterior hace evidente que resulto indebida la contratación de obras públicas con recursos de la CFE y con ello el perjuicio ocasionado", señala la denuncia de hechos 3018.
La actualización que se hizo de los costos del Proyecto Sonora implicaba un pago por 229 millones 610 mil 940 pesos, más 14 millones 98 mil 668 dólares y otro costo por 8 millones 163 mil 949 marcos alemanes.
El descuento que pelea la CFE a Techint/Siemens, y que según la denuncia no se habría realizado, es por las siguientes cantidades: 4 millones 492 mil 218.8 pesos, 281 mil 973.36 dólares y 163 mil 278.98 marcos alemanes.
No obstante, fuentes del sector, explicaron que la CFE decidió retener de manera unilateral 2 por ciento, obligando al consorcio Techint/Siemens a iniciar una querella legal por el pago de los mismo, dicho proceso no ha concluido.
Más aún, a pesar de tener este proceso en los tribunales las dos compañías se mantienen activas dentro de los procesos de licitación de la paraestatal, obteniendo contratos en la construcción de infraestructura para el sector energético.
El alegato principal de las empresas es que la CFE pretende obtener el descuento que se hizo bajo un esquema de licitación diferente, mismo que derivó en un contrato que no se firmó y, posteriormente, aplicó estas cláusulas.
La CFE tiene otras dos denuncias ante la PGR en las que se involucra a Isidro Becerril Salinas, gerente de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la subdirección de Construcción de la CFE; Julio Ruiz Guerrero, coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación y otra vez a Techint.
La CFE impugna la validez del contrato 951037 por un presunto daño al erario de 15 millones 69 mil 479.05 pesos. Aquí se señala que ambos funcionarios autorizaron pago, infringiendo la normatividad vigente establecida, por "suministro de materiales con valor de 10 millones 340 mil 937.52 pesos al contratista Techint Sociedad Anónima de Capital Variable, omitiendo hacer efectivo un importe de un millón 576 mil 180.51 pesos integrado por 643 mil 676.51 pesos por intereses de pago anticipado, 204 mil 124.57 pesos por anticipo no autorizado y 728 mil 379.43 pesos por intereses por anticipo no amortizado".
El daño patrimonial detectado por la CFE en su perjuicio es de un millón 576 mil 180.51 pesos.
Por este daño, la Secodam, bajo el mando de Arsenio Farell, determinó sancionarlos administrativamente y no penalmente, ya que fue la contraloría interna de la CFE la que presenta la denuncia penal 14 meses después de la investigación de la dependencia.
A Julio Ruiz, le suspendió el salario y sus funciones por 60 días; a Isidro Becerril destituyó e inhabilitó por tres años, además de una sanción económica por mil 245 pesos.
Becerril pelea en los tribunales estas sanciones.
Por el contrato 951047, corredor Salamanca-Texcoco, la CFE acusa nuevamente a Guerrero y a Becerril, entre otros, por distraer material de su propiedad para favorecer al consorcio Apycsa, conformado por la Compagnia Electtrotécnica Italiana, SPA y Constructora Edison; lo que le causó a la paraestatal un daño de 16 millones 208 mil 927.03 pesos.
El problema que pretende la CFE dirimir en la PGR es que Apycsa obtuvo los anticipos convenidos en el contrato 951047, aunando a ello se benefició con el préstamo indebido de materiales y equipos de instalación permanente.
No en ese proyecto, pero sí en la región del estado de México, la CFE solicitó a Techint que terminara diversas obras que habían sido otorgadas a otras empresas y que al final del día no cumplieron y la CFE tuvo que distraer recursos propios para terminarlos dada su baja reserva operativa y la probabilidad de un apagón general en la zona centro del país, apurara las obras de transmisión de energía eléctrica.
En este corredor Apycsa tenía un calendario contratado de entrega de materiales, pero, según las fuentes, frente a la urgencia se necesitaba tener el material especificado en la licitación, por ello es que se decide usar el material de la CFE mismo que fue repuesto posteriormente.
El recuento de los daños
Hasta ahora se han presentado a declarar a la PGR sobre el caso de la planta de manejo de carbón y el sistema de manejo de cenizas de Petacalco: Farell, los ex titulares de la CFE, Guillermo Guerrero Violabas y Rogelio Gasca Neri, Eric Butcher -ex subdirector de Construcción- y Roberto Altamura, presidente de Techint México.
Guerrero Villalobos y Gasca Neri se negaron a declarar y se comprometieron a enviar sus argumentos por escrito. En el primer caso, el plazo se venció el pasado 19 de abril y en el segundo, el próximo 30 de este mes.
Alfredo Elías Ayub, director de la CFE desde enero de 1999 y ratificado en el cargo por el presidente Vicente Fox, no está implicado directamente en estas pesquisas que lleva a cabo la PGR a petición del diputado local, Cuauhtémoc Velasco.
Empero, Velasco le entregó el pasado 26 de febrero a Francisco Barrio, actual secretario de Contraloría, siete denuncias más en contra de la CFE, pero ahora implican directamente a Elías Ayub, ya que éstas se detectaron durante su administración, según consta el documento que elaboró el diputado y cuenta con el sello de recibido de la Secodam, PGR y la Secretaría de Energía. Esto, por un presunto desvío de recursos públicos por más de cinco mil millones de pesos.
Velasco sostiene en el texto que las irregularidades detectadas en siete licitaciones fueron avaladas por Farell Cubillas a través de la contralora interna de la CFE, Leticia Pinto Palmer, que él mismo nombró.
En la denuncia se precisa que estas irregularidades se cometieron entre 1999 y 2000, todavía durante la administración de Farell. Barrio afirmó, el pasado cinco de abril, que no se llevaba a cabo ninguna auditoría especial a la CFE, sólo las ordinarias que realiza la contraloría interna de la paraestatal.
En el escrito, Velasco hace del conocimiento de Barrio las primeras nueve denuncias que presentó ante la Secretaría de Contraloría en 1998 por irregularidades en las licitaciones, entre la que destaca la de Central Termoeléctrica Petacalco y que suman un fraude a la nación por 27 mil millones de pesos, las cuales fueron archivadas por Farell al sancionar administrativamente a cinco funcionarios de mandos medios de la CFE. Posteriormente detalla las otras siete irregularidades que detectó recientemente y de las cuales anexa pruebas que, según él, comprueban los actos de corrupción cometidos por Elías Ayub.
De las primeras nueve, en las que también tuvo conocimiento el ex procurador general de la República, Jorge Madrazo por una denuncia penal presentada por el diputado, la PGR las archivó al detectar que no había responsabilidad penal que fincar en contra de Farell y los ex directores de la CFE, Guillermo Guerrero Villalobos y Rogelio Gasca Neri.
Pero el actual titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha las reabrió y ello dio origen a que fuera citado a declarar Farell, el pasado 2 de abril. En esa audiencia, Farell reconoció las irregularidades en la licitación con la cual se le otorgó a la empresa Techint el contrato de servicios para manejo de carbón para la termoeléctrica Petacalco y por ello destituyó de sus cargos a cinco funcionarios.
Su director jurídico no le informó que de este procedimiento administrativo pudiesen derivarse la comisión de posibles delitos penales, por lo que no dio vista a la PGR.
Pero el diputado local reactivó esta denuncia ante la PGR, durante la administración de Macedo e integró una averiguación previa en contra de Farell y otros funcionarios de la CFE.
Leandra Zamora, consultor en energía que trabaja en coordinación con Velasco, sostuvo que una vez que Farell se percató de que el ex director de la CFE, Gasca Neri, "amigo y mentor" de Ernesto Zedillo, estaba involucrado en el caso Techint, le recomendó renunciar al cargo para no denunciarlo penalmente.
El consultor confía en que Barrio y el gobierno foxista investigarán a fondo sobre la ilegalidad con que viene operando Elías Ayub en las diversas licitaciones que lleva a cabo la CFE.
Según Zamora, la Secodam también tiene conocimiento de las irregularidades cometidas en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) por Elías Ayub, para que inicie la investigación correspondiente.
Fue desde entonces cuando empiezan las complicidades entre Farell y Elías Ayub, ya que este último, todavía como director de ASA, autorizó que recursos del gobierno federal por 6.8 millones de dólares sean depositados en un banco del extranjero, y solicita los servicios del Bufete Farell para que los recupere, dijo.
"Aquí la irregularidad es invertir dinero del gobierno federal en una cuenta bancaria en el extranjero. Eso es lo que tiene que investigar ahora la Secretaría de Contraloría", aseveró. Ahora Barrio tendrá que investigar si en las nuevas irregularidades detectadas en la CFE y ASA está involucrado directamente, desde el punto de vista administrativo, su antecesor, Farell y de encontrar elementos podría, incluso, dar vista a la PGR para que inicie la investigación penal respectiva.
La caja de pandora
En realidad gran parte de la polémica desatada en torno al comportamiento irregular de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad surgió a raíz de las denuncias públicas hechas por el entonces diputado federal Cuauhtémoc Velasco en el seno de la Comisión de Investigación de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro en 1998.
Ahí, representando al PRD dentro de la comisión investigadora, dijo que existían irregularidades en la asignación de contratos y se abocó al caso del consorcio Techint/GMD.
El grupo ganó una licitación en 1994 por un contrato de servicio de manejo de carbón para la central termoeléctrica de Petacalco, mismo que fue revisado por la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a cargo de María Elena Vázquez Nava, luego de que una empresa (Babcock And Wilcox Española) se inconformó, 30 días después de que se había vencido el plazo legal para hacerlo.
En la licitación de ese contrato de servicio, no de obra pública, participaron cinco empresas, cuatro de ellas hicieron ofertas alternativas a la solicitada por la CFE y sólo tres resistieron el análisis técnico.
Las compañías que pasaron la prueba fueron Carbón del Pacífico, Babcock And Wilcox Española, que al final del proceso se inconformó, y Techint; la empresa que quedó fuera fue Tribasa.
La licitación fue por un contrato de servicio, el 968001-F, el cual no incluía en 1994, cuando se hace la licitación original, un sistema de manejo de cenizas ya que la CFE pretendía tirarlas al mar. En plena construcción de la terminal de recibo y manejo de carbón, la paraestatal solicita a Techint construir este sistema mientras se conseguía su financiamiento.
Esta ampliación en infraestructura se logra por medio de un convenio ampliatorio y no por una adjudicación directa. Al no lograrse el financiamiento de este sistema por medio de un bono, la CFE decide que se pagará lo avanzado en el sistema y efectúa un reembolso por casi 68 millones de dólares.
Posteriormente, y para terminar el sistema de manejo de cenizas, se lleva a cabo una licitación restringida donde ya no participa Techint, sino una de sus filiales, COMEI, quien gana la licitación de la CFE y le da a firmar un contrato por adjudicación directa en lugar de hacerlo por uno de licitación restringida.
Techint ha solicitado a la CFE una aclaración sobre este último contrato, a la fecha sigue esperando una respuesta oficial al mismo.
Velasco, en su denuncia ante la PGR, no aclara que del monto de inversión para la planta de manejo de carbón se emitió un bono de 308.9 millones de dólares en 1997, mismo que serviría para financiarla.
De este monto 223 millones de dólares son el costo de producción y 85.9 millones de dólares son el costo financiero del proyecto en un plazo a diez años con tres de gracia en el periodo de construcción.
El diputado señala que se obró en contra de la Ley de Obra Pública siendo que las instalaciones de la terminal de recibo y manejo de carbón es propiedad privada y lo que se licitó fue un contrato de servicio, con pagos a 30 años.
Roberto Altamura, presidente de Techint en México, señala que a pesar de lo publicado en los diarios, la compañía no se va del país donde ya se tienen 50 años de trabajo constante.
"La compañía nació en México en 1954, ha seguido trabajando por casi 50 años, vamos a cumplir muchos más y vamos a seguir cumpliendo años en México, trabajando para este país".
Si este asunto de campaña en la prensa sobre la terminal de Petacalco no está afectando en nuestras relaciones, la respuesta es no, comentó.
" No nos está afectando, nosotros tenemos todas las cosas claras, todo está en orden así en que confiamos en que esto termine por esclarecerse totalmente y que no haya ningún tipo de afectación para nosotros, de ningún tipo", comentó.
Altamura considera que Techint no obró mal, bajo ninguna circunstancia. "Estamos ciertos de haber obrado de acuerdo con la legalidad más estricta sólo y exclusivamente a lo que corresponde".
¿Qué pasará?
Los tiempos de la justicia son indefinidos y podrían ser, incluso, infinitos. Especialistas legales comentan que la prescripción para sancionar a ex servidores públicos es de tres años contados a partir de que dejan el puesto dentro de la Administración Pública Federal.
En estos casos, los ex servidores públicos de la CFE aún podrían ser sujetos de investigación ya que las denuncias presentadas en su contra se llevaron a cabo antes de que se venciera el plazo legalmente establecido.
Ahora la investigación que está en manos de la PGR, tardaría el tiempo que la institución considerara necesario, pero sin un límite preestablecido.
No obstante, hay más rutas abiertas ya que la principal empresa involucrada dentro de las denuncias formuladas por la CFE también tiene demandada a la paraestatal, incluso en tribunales internacionales, por el pago de adeudos de obras terminadas.
A pesar de ello, la CFE ha seguido haciendo negocio con Techint, considerada en el ámbito mundial como una de las empresas más sólidas del ramo, y será labor de la autoridad descifrar esta maraña legal.
En el mercado mexicano la presencia de las grandes constructoras de infraestructura energética no es menor. El mercado se disputa entre varias empresas internacionales además de Techint está Siemens, Abengoa, Elecnor, Alstom, ABB, ICA, Tribasa y Dragados de España por lo que es uno de los mercados más competidos en el mundo.
La conferencia que no se dio
El pasado jueves la empresa Techint anunció que se realizaría una conferencia de prensa a las 12 horas del día en el hotel Camino Real, allí se presentarían pruebas para mostrar que no habían cometido ningún ilícito. Pero pocas horas antes de su inicio fue cancelada, la razón oficial fue que había causas de fuerza mayor las que impedían su realización.
Se deslizó la idea de que no era un asunto bien visto por el Consejo de Administración de Techint y era mejor esperar para la siguiente ocasión.
Horas después se supo, extraoficialmente, que la Comisión Federal de Electricidad había presionado fuertemente a la empresa para que no se presentara con la prensa. Incluso se mencionó que podría dejar de tener contratos con la CFE. Ambas entidades negaron esta última posibilidad.
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