Colaborador Invitado. El sector de la energía no ha entrado plenamente a los esquemas de la globalización. ¿Aún es probable que lo haga?

Ahora que prevalece en México, en forma prematura, un ambiente preelectoral con miras al cambio de Gobierno en el 2006, no se puede ignorar las tendencias político-electorales en otros países. En América del Sur, se ha observado un giro a la izquierda, mientras que en Europa Occidental -Francia, Holanda, Alemania e Italia- los electores acaban de castigar en las urnas a sus gobernantes por promover políticas de integración y libre mercado.

Estas tendencias podrían parecer ilógicas en una era de economías abiertas regidas por la competitividad, como si la gente quisiera aislarse de los cambios y de los procesos de globalización, refugiándose en fórmulas de Gobierno que funcionaron en el pasado. En Sudamérica, ha crecido la pobreza y, por eso, la gente desconfía del neoliberalismo y rechaza el liderazgo de Estados Unidos. En Europa, la población ve la pujanza de naciones emergentes como India, China y -más cerca de sus fronteras- Polonia y Turquía como una amenaza a su bienestar.

El rechazo al despiadado avance de la globalización entraña un anhelo de rescatar valores e instituciones nacionales. En México, se ha vivido el mismo fenómeno en materia energética. La clase gobernante ha propiciado un enfoque globalizador basado en el fomento de la inversión extranjera directa, mientras que otros grupos políticos, sindicales y sociales se oponen a este tipo de apertura. Aún no se resuelve la confrontación de ideas e intereses entre estos dos grupos y quizás las elecciones del 2006 tampoco la resuelvan. Es muy factible que los candidatos que propongan una apertura amplia al capital privado queden en desventaja, ya que muchos mexicanos siguen convencidos de que las aperturas y las reformas de libre mercado no son el único camino.

Sin duda, en lo que resta de este sexenio, el gobierno de Fox seguirá empujando proyectos con un enfoque de apoyo a la inversión extranjera en los ámbitos en que la ley no la impide. Un ejemplo son las plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL). Ayer mismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibió ofertas para la construcción del gasoducto que vinculará la planta de GNL de Altamira con la central eléctrica de Iberdrola en Tamazunchale, San Luis Potosí. Este proyecto es parte de una visión más amplia para llevar gas a más centrales eléctricas y fortalecer la red nacional de gasoductos. Sin embargo, otras aperturas, como los planes de Pemex para incursionar en aguas profundas del Golfo de México, no podrán avanzar en el corto plazo, ya que la Constitución y las leyes son un obstáculo.

El sector de la energía sigue entrampado ideológicamente. Se percibe, por un lado, que el Gobierno tiene la intención de abrir el sector a toda costa, aunque sea mediante contratos y endeudando al máximo a las paraestatales. Esto genera desconfianza en algunos sectores y recrudece su oposición a las aperturas, a pesar de que algunas de ellas parecen convenientes en términos de lo que aportarían al desarrollo nacional.

En realidad, las soluciones a los problemas del sector energético no se darán sólo con base en las ideas de los promotores de la globalización, ni tampoco con base en las ideas de sus detractores, sino sumando las ideas de ambos grupos. Un ejemplo: ¿cómo asegurar el abasto futuro del gas natural? Los globalizadores ven el GNL como la solución más práctica, en tanto se eleva la producción nacional de gas. Esta estrategia tiene la desventaja de depender de un combustible producido en países lejanos y controlado por las transnacionales. Los opositores a este enfoque proponen usar combustibles obtenidos del petróleo mexicano en vez del gas. Esta opción, aun siendo viable, no es fácil, ya que obliga a reorientar a fondo la política energética. La mejor idea es tratar de sumar las dos ideas: promover el LNG y también otros combustibles.

Lo mismo ocurre en la política petrolera. Los globalizadores proponen ir a aguas profundas, lo cual implicaría abrir una ventana de negocios a las transnacionales. La alternativa es que Pemex explore más en aguas someras y desarrolle yacimientos que ya están localizados. La primera opción es muy difícil; la segunda, insuficiente. Lo mejor sería combinar los dos enfoques.

Ni los defensores ni los detractores de la globalización tienen toda la razón. Unos aseguran que la causa de todos los males es la defensa de la soberanía nacional sobre el petróleo y el gas; los otros dicen que los esfuerzos por abrir y privatizar han provocado las problemas. Son desafortunadas las críticas a la defensa de la soberanía, como si México fuera la excepción, y no la regla, al establecer el dominio de la Nación sobre sus recursos naturales. Sin embargo, no es razonable pensar que el futuro energético del País se pueda garantizar a través de sólo dos empresas verticalmente integradas y cero apertura a las tendencias globalizadoras.

La inserción de México en los esquemas globales de negocios y la defensa de la soberanía energética deberían ser conceptos complementarios, basados en objetivos que todos los mexicanos podemos compartir, más allá de las ideologías. Estos objetivos incluyen el tener energéticos en cuantía suficiente y a precios competitivos, promover que la energía contribuya al desarrollo nacional y lograr que México sea más autosuficiente en gas natural, gasolinas y petroquímicos. Debería ser posible -incluso fácil- alcanzar una convergencia de intereses sobre estos objetivos primordiales. Después, vendría el reto de definir estrategias para alcanzarlos y decidir hasta qué punto se realizarían cambios legales o aperturas.

No ha habido liderazgo en los últimos años para fijar unos cuantos objetivos básicos, susceptibles de ser apoyados por todos, como punto de partida para el debate sobre energía. Por eso, prevalece el desorden y el desacuerdo en las discusiones sobre la política energética. Habiendo consenso sobre principios y objetivos básicos, se podría estructurar un discusión real que permita construir alternativas entre los extremos de la apertura indiscriminada y la exclusividad jurídica de las empresas estatales.

Si los mexicanos queremos un País próspero y competitivo, no podemos permanecer al margen de las tendencias globales ni despreciar el capital extranjero. Esto, sin embargo, no tiene por qué significar endeudar, desmantelar o hacer a un lado las empresas estatales. Hay que poner por delante los intereses y el bienestar de los mexicanos. Si ése es el propósito superior, tanto el nacionalismo como la globalización pueden ser fuerzas compatibles que trabajen a favor del País.

David Shields es consultor independiente y analista de temas energéticos.

Su e-mail: davshields@hotmail.com

Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo